Ante su inminente detención, Profesores Universitarios franceses escriben una carta en apoyo a Sánchez Gordillo y Cañamero

Carta abierta a Juan Manuel Sánchezo Gordillo, alcalde de Marinaleda, y a Diego Cañamero Valle, portavoz del Sindicato SOC (Sindicato de Obreros del Campo) y del SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores), ante su inminente detención por las FUERZAS DE INSEGURIDAD Queridos compañeros: La burguesía, los terratenientes, el neoliberalismo, y sus fieles políticos, les persiguen por "bandoleros", "ladrones", "subversivos", "terroristas"... Así llamaban en Francia a los que tomaron las armas contra los nazis para liberar el país, entre los cuales muchos republicanos españoles exiliados....Hoy día son esos "guerrilleros" que figuran en los monumentos, en los libros de historia, en el panteón nacional, y a sus perseguidores se les considera como "vendepatrias", "traidores", "colaboracionistas"... Tarde o temprano la historia pone las cosas en su sitio y los "criminalizados" de hoy se vuelven "héroes" para las generaciones venideras. Así seréis mañana, referentes, ejemplos de ética y justicia verdadera, de bien común. Por haber ocupado pacíficamente tierras improductivas de grandes terratenientes, una de ellas del Ministerio de Defensa (Las Turquillas), y socializado unos cuantos alimentos en dos supermercados, para denunciar el hambre de miles de familia andaluzas, les amenazan con penas de cárcel, con multas enormes, sin fundamento...

¿Quiénes son esos: "les"? Los mismos, los de hoy y de ayer, los que prefirieron sumir a España en un río de sangre en vez de aceptar las limitadas reformas de la República, los que condenaron a miles de padres, de mujeres, de niños, al exilio, esa forma de invisibilidad, de negación, de muerte lenta y sumamente dolorosa. Cuando la República en 1931 ganó las elecciones había dos millones de jornaleros sin tierra; ESCLAVIZADOS, condenados a la miseria, al paro... Nada ha cambiado en lo fundamental, o muy poco. Un dos por ciento de terratenientes (incluso Ministerios) poseen más del 50% de la tierra cultivable en Andalucía, y la malgastan. Eso se sabe en Francia y en muchos países. No puede haber libertad auténtica, igualdad, sin reforma agraria, sin que se repartan los panes, como rezan los Evangelios... Compañeros Juan Manuel, Diego, y demás militantes el SOC-SAT, les persiguen por continuar una lucha de muchos años, por querer concretar los sueños de millones de parias: la tierra tiene que ser de todos y para todos; cada cual tiene que comer para poder vivir. Son derechos universales. Compañeros, os habéis "alzado", a mucha honra, como imprescindibles y generosos rebeldes. La Declaración de Derechos humanos de la ONU de 1948, reconoce el derecho a la rebeldía y a desobedecer cuando las circunstancias lo exigen; así lo hicieron Mandela, Gandhi, Che, Chavez, De Gaulle... Las formas de lucha pacíficas que habéis utilizado pueden parecer "ilegales" en una óptica burguesa, pero son totalmente legítimas en una situación donde crecen disparatadamente las desigualdades, el desempleo, y donde "la troïka europea" desangra a España. Ilegales pues son los sacrificios exigidos siempre a "los de abajo", los chanchullos, los escándalos, el enriquecimiento ilícito de unos cuantos, los inhumanos "recortes" para la salud, la enseñanza, el robo del dinero público organizado por un puñado de delincuentes con corbata, la corrupción generalizada... En todas esas ilegalidades (esas si que lo son) están metidos hasta las cachas muchos dirigentes el PP y del PSOE, así como la supuestamente "inmaculada y modélica" Casa Real. Compañeros, "sois un "mal ejemplo" para el sistema, para "el mercado", para don Dinero, para los ricos, pero un buen ejemplo, un estímulo, una referencia, para todos los que luchan creyendo en un mundo más humano, más justo, más solidario. Y ¡es posible conseguirlo! Desde Francia, nos sentimos todos "Gordillos" y "Cañameros". Deseamos que la Justicia andaluza se honre al no condenarles... Condenarles sería una injusticia más, y la denunciaríamos en Francia. Resistir es vencer no se cansaban de repetir los Republicanos, los antifranquistas. Así tiene que ser. Abrazo solidario desde Francia. Jean Ortiz, profesor de Universidad (Francia) Jean Fabbri, profesor de Universidad (Francia) Xavier Lambert, profesor de Universidad (Francia) Jean Claude Garric, profesor de Universidad (Francia) Marielle Nicolas, profesor de Universidad (Francia) Francis Desvois ,profesor de Universidad, (Francia) Corinne Ferrero, profesor de Universidad (Francia) Carole Hoffman , profesor de Universidad (Francia) Para firmar: dirigirse a jean.ortiz@univ-pau.fr

El Gobierno Rajoy, el más reaccionario de la eurozona

La transición política de la dictadura a la democracia, mal definida como modélica, se hizo en términos muy favorables a las fuerzas ultraconservadoras que controlaban los aparatos del Estado así como la mayoría de los medios de información. Este dominio determinó que el resultado de dicha transición fuera una democracia muy limitada con un estado del bienestar muy poco desarrollado (ver mi libro Bienestar Insuficiente, Democracia Incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país). Todavía hoy, treinta y cinco años después de la Transición, el estado del bienestar español está entre los menos desarrollados en la eurozona y en la Unión Europea de los Quince (UE-15). Incluso antes de que se iniciara la crisis, en el año 2007, el gasto público social como porcentaje del PIB era solo de un 20,7% (y solo de un 17,8% en Catalunya), frente al promedio de la UE-15 (26,9%). En Suecia era entonces de un 29,2%. Si en lugar de analizar el gasto público social (que incluye las pensiones y los servicios públicos tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, transferencias a las familias, vivienda social y prevención de la exclusión social, entre otros) como porcentaje del PIB, estudiamos el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios del estado del bienestar, vemos que España continua siendo de los países con menos adultos trabajando en ese ámbito. De nuevo, ya en el 2007, veíamos que el porcentaje de la población adulta trabajando en esos servicios era un 10% (y en Catalunya, un 8%), mucho más bajo que el promedio de la UE-15 (un 15%) y mucho, mucho más bajo que en Suecia (24%). Es decir, que mientras en Suecia casi uno de cada cuatro suecos adultos trabajaba en los servicios públicos del estado del bienestar, en España era solo uno de cada diez (y en Catalunya no llegaba ni a esto). Así pues, la imagen promovida por los conservadores y liberales de que el empleo público era y es demasiado extenso (e hipertrofiado) no se correspondía ni se corresponde con los datos. En realidad, estos porcentajes son los más bajos de la UE-15 (solo en Portugal es menor, un 7%). El empeoramiento de la España social Todas estas cifras se han incluso deteriorado más con los recortes del gasto público que se han realizado como parte de las políticas de austeridad, iniciadas por el gobierno Zapatero y profundizadas, con gusto, y por mucho, por el gobierno Rajoy. Y digo con gusto porque de las declaraciones recientes del Ministro de Hacienda, el Sr. Montoro, parecen desprenderse orgullo y satisfacción de ello. El país que tiene un gasto y empleo público menor de la UE-15 (de lo cual el Sr. Rajoy, en unas declaraciones recientes, parecía también estar orgulloso) tiene unos dirigentes que están orgullosos no solo del bajo gasto y empleo público, sino también de su pretensión de seguir recortándolos. España es el país en el que, proporcionalmente, se está recortando más gasto público y destruyendo más empleo público. En las declaraciones conjuntas con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría del 21 de junio, el Sr. Montoro declaró con satisfacción que el gobierno del Partido Popular recortará nada menos que 37,62 millones de euros, casi un 4% del PIB en gasto público, lo que pone a España en el tope de la liga de los países que recortan más. Y, por si ello no fuera poco, añadió, junto con la Vicepresidenta, que en lo que va de legislatura se han destruido ya 375000 puestos de trabajo (principalmente en sanidad y educación), a lo cual se añadirán 30000 más cada año. Pero lo que es extraordinario (y digo extraordinario porque no conozco ningún otro gobierno que esté orgulloso de los recortes que se está imponiendo a la población) es que la Sra. Soraya Sáenz de Santamaría y el Sr. Cristóbal Montoro añadieran sonriendo y orgullosos que “hemos hecho la mayor reducción de consumo público de la historia de España”. Es probable que otros gobiernos conservadores neoliberales estén orgullosos de su labor de austeridad, pero ninguno lo dice, solo los portavoces del gobierno español lo expresan. Ni que decir tiene que la Sra. Soraya y el Sr. Montoro, cuando van al médico, tienen un tiempo de visita no menor de 30 minutos, sin esperas ni colas. Y de ahí que no sientan en sus carnes las consecuencias de los recortes en el tiempo de visita. Y seguro que sus familiares más pequeños van a escuelas con baja densidad de alumnado en sus aulas. Sería interesante que los medios de información hicieran un análisis de cómo las decisiones de austeridad afectan a los políticos que deciden e implementan esas políticas. Toda la evidencia científica existente muestra que los recortes significan un ataque frontal a la sanidad y a la educación pública (utilizadas por las clases populares, que constituyen la mayoría de la población), ataque que por lo visto los llena de orgullo. ¿Por qué el Partido Popular no es más impopular? Como era de prever, el voto esperado a los partidos gobernantes que llevan a cabo esos recortes ha bajado. Pero es sorprendente que en España no haya bajado mucho más. ¿Por qué? La respuesta a nivel de España es fácil. El nacionalismo españolista, heredero de la dictadura, moviliza todavía hoy a millones de personas que claramente votan en contra de sus intereses, a fin de defender a España frente a los que ese españolismo define como rojos, separatistas y anti-Iglesia. Cuarenta años de fascismo y treinta y cuatro de democracia supervisada y vigilada garantizan la continuidad de este rancio franquismo y su cultura nacional-católica. No es por casualidad que gran número de las reformas educativas y culturales tengan como objetivo recuperar este nacionalismo españolista que en ciertas partes de España, la España mesetaria, es todavía muy poderoso. Tanto en su versión casi religiosa –el PP- como en su versión laica -UPyD-, este nacionalismo centralista españolista está movilizando a España. Este nacionalismo, y en menor grado la religión (en España), continúan siendo utilizados para ocultar el ataque más frontal que el escasamente financiado estado del bienestar español ha padecido. Artículo publicado en El Plural. www.vnavarro.org

La opípara vida de Javier Arenas como síntoma

Rosa María Artal – Comité de Apoyo de ATTAC España Un típico político de partido. Un típico político del Partido Popular. Diversos cargos de relevancia en el aparato y sonoro fracaso en las urnas en las que fue derrotado hasta cuatro veces en su intento de ser presidente de la Junta de Andalucía. Eldiario.es revela hoy –expurgando papeles oficiales- que Javier Arenas ha vivido como un sultán a cargo del erario público. Recordemos que –amén de esos dudosos donativos que se investigan- el presupuesto del PP procede en un 90% de subvenciones públicas. Arenas pasó largas temporadas –confirmadas- alojándose en el carísimo Hotel Palace de Madrid. Recibiendo del partido un total de 260.000 pesetas mensuales (1,562,63 euros) para sufragar sus gastos de alojamiento. Le gusta la buena mesa –y soy incluso testigo de ello-. Y ha llegado a gastarse 2.000 euros en un solo día comiendo exquisiteces. Eldiario.es habla de “una factura en el restaurante del Hotel Ritz atribuida a Arenas con las siglas “J AR” de 165.839 pesetas (997 euros). Ese mismo día, las cuentas del PP le atribuyen otros dos pagos en restaurantes: 155.175 pesetas (932 euros) en el restaurante Errota Zar y 20.720 pesetas (124 euros) en el restaurante Balzac. Las facturas que se atribuyen a comidas de Javier Arenas ascienden a miles de euros y muchas de ellas pagadas en restaurantes de lujo: Zalacain, Lhardy, Solchaga, Jockey, etc. Otro ejemplo nos sitúa en abril de 2001. El día 26 de aquel mes, Arenas utilizó los fondos del PP para costearse una comida en Zalacaín por importe de 126.121 pesetas (758 euros)”. Estoy disfrutando de unos poquísimos días de vacaciones. Escribiendo frente al mar como tantas veces he soñado. Esos son mis lujos. Y precisamente estaba comenzando a leer “España partida en dos” de Julián Casanova. Viendo la gran lucha entre el avance y la regresión que experimentó España en los 30 años anteriores al golpe de Estado de Franco. Iba ganando el desarrollo, aunque fuera a trompicones. Se había reducido el analfabetismo del 60 al 35% y había aumentado la esperanza de vida, que tanto tiene que ver con la educación y la cultura. Los precedentes de esta casta que nos gobierna –con la inestimable ayuda del Borbón Alfonso XIII- fueron poniendo zancadillas hasta el hachazo final que hoy aún pagamos. Ni el mar me hace olvidar que España ha registrado el terrible dato de un aumento de la mortalidad récord durante el año de gloria del PP, 2012. Con las mayores cifras en una década. Que, aunque sólo dos décimas pero que marcan tendencia, también ha disminuido la esperanza de vida. Los repagos y mermas no son inocuos. Pienso en los niños españoles que están pasando hambre. E imagino a Javier Arenas y tantos otros comiendo angulas y bogavantes a dos carrillos. Ya tienen la España que querían. Ante el silencio cómplice de millones de idiotas. Madera de siervos que sustenta a tanto sinvergüenza, sin un ápice de escrúpulos para obrar en su provecho a costa del bienestar e incluso la vida de otras personas. http://www.attac.es/2013/07/05/la-opipara-vida-de-javier-arenas-como-sintoma/

La reforma de la Administración Local conllevará importantes daños sociales y el ahorro que logrará será escaso

Eduardo Garzón Espinosa – Consejo Científico de ATTAC España Ya está aquí la reforma de la Administración Local. Después de mucho tiempo tentando el terreno con amagos y otros globos-sonda, parece que el gobierno de Rajoy se ha decidido plenamente a materializar esta controvertida reforma. Sus impulsores defienden que el objetivo es aumentar la eficiencia de las administraciones locales para disminuir gastos innecesarios. Dicho así, no suena nada mal. Lo que ocurre es que cuando uno bucea en lo que viene recogido en el anteproyecto de la reforma, se da cuenta de que nos quieren dar gato por liebre (¡una vez más!). En realidad ni siquiera tiene sentido que hablemos de una “reforma”; sino que podemos hablar perfectamente de una “deconstrucción” de las administraciones locales. Las medidas recogidas en este programa consisten en reducir (nada de hacer más eficiente) la actividad municipal fundamentalmente a través de dos vías: 1) Suprimiendo competencias locales (sobre todo en materia de salud, educación y servicios sociales). Esto quiere decir que muchas funciones que ahora realizan los ayuntamientos pasarán a efectuarse por administraciones públicas superiores. Esto no es mejorar la eficiencia de la actividad, sino centralizar el núcleo del poder. De hecho, al distanciar la oferta de las funciones de su demanda, es de prever que se producirán pérdidas de eficiencia; y sobre todo, de adecuación y calidad. Son los municipios de menos de 20.000 habitantes los que se encuentran en el ojo del huracán. 2) Traspasando servicios hoy día públicos a manos privadas. Aquel servicio que en la actualidad no sea rentable económicamente (nada se dice de si es rentable socialmente), se trasladará su gestión a empresas privadas. Si éstas no encuentran forma de hacerlas rentables (será lo más habitual), la actividad en concreto se perderá. Por ejemplo, si un centro de salud de un pequeño pueblo no presenta indicadores económicos aceptables según el gobierno, se privatizará si puede ser rentable o se suprimirá si no lo puede ser. Una medida aberrante, que olvida interesadamente que la atención sanitaria nunca debe mirarse por la rentabilidad económica, sino por su rentabilidad social. Si hubiese que suprimir todo lo que no fuese rentable en términos económicos, el ejército, las fuerzas de seguridad, los juzgados y las penitenciarías serían los primeros servicios que habría que abolir, y obviamente no se hace. Así las cosas, podemos extraer dos conclusiones. Por un lado, la eficiencia que se pretende conseguir se basa en la supresión de aquello que supuestamente es ineficiente, y no en la incorporación de nuevos mecanismos de gestión o avances organizativos. No se va a emplear ni un solo euro en esta reforma, por lo que obviamente no habrá ninguna mejora en la calidad del servicio al ciudadano, tal y como aseguró Rajoy. Afirmar eso con un programa consistente únicamente en mutilar y suprimir servicios públicos denota la poca vergüenza que tiene el presidente y su equipo de gobierno. Por otro lado, las posibles mejoras en rentabilidad económica que se consigan no sólo serán minúsculas, sino que buena parte de ellas se lograrán a costa de reducir la rentabilidad social de los servicios públicos en nuestros municipios. Tenemos una sociedad enferma si lo que buscamos es exclusivamente la eficiencia económica y no la satisfacción de las necesidades sociales de nuestros conciudadanos. Pero, además, y para hacernos una idea, ¿cuánto conseguiría el sector público ahorrar con esta reforma? Para aproximarnos a ello basta con observar cuál ha sido el gasto público de las administraciones locales que ha excedido sus ingresos. Si vamos acumulando este exceso de gasto, obtenemos la deuda pública de estas administraciones. Ahora la comparamos con el resto de deuda pública, la del Estado y la de las Comunidades Autónomas, fundamentalmente. En el siguiente gráfico se representa la evolución de la deuda pública atendiendo a sus distintos sectores.

Pues bien, lo máximo que el sector público podría ahorrar con esta reforma (y ni siquiera será lo que se logre, ni de lejos) es el sector rojo del gráfico. La deuda acumulada de todas las administraciones locales solamente representa el 5,74% de toda la deuda que tiene hoy día el sector público español. Comprobamos claramente que, aunque existan ineficiencias en las administraciones locales y se produzca un cierto despilfarro de recursos públicos, la cantidad que se gasta es absolutamente ridícula si la comparamos con el gasto de la administración central (y que por cierto, en su mayoría se debe a las ayudas a la banca, como mostraré en el próximo artículo). Es decir, la cantidad máxima que se podría ahorrar con esta reforma no justifica en modo alguno su implementación, especialmente bajo esas condiciones que resultan tan perniciosas para las poblaciones de los municipios. Todo ello no hace sino invitarnos a pensar que el verdadero motivo de la reforma no es de carácter económico, sino que atiende a otro tipo de factores estrechamente relacionados con la ideología y con la forma de concebir el diseño y funcionamiento de las administraciones públicas.